El pasado 21 de febrero tuvo lugar el cuarto seminario de intervención, esta vez acerca de los Programas de Tratamiento Familiar. Para ello tuvimos el honor de recibir a una educadora social miembro de dicho equipo, por lo que pudimos conocer de cerca la experiencia personal de una profesional de este ámbito. Así pues, además de explicarnos la información más relevante de la temática compartió con todos nosotros vivencias y opiniones personales invitándonos en varios puntos o apartados a la reflexión. De esta manera se ponía fin al conjunto de seminarios celebrados sobre Infancia y Familia para dar paso y abrir un segundo bloque con materias diferentes.
Para ponernos en situación comenzaremos dando respuesta a la siguiente pregunta ¿qué son los Programas de Tratamiento Familiar (PTF)?. Pues bien los PTF se encuentran inscritos en la Ley 1/1998 de 20 de abril, y hacen referencia a un servicio especializado que se enmarca dentro del sistema público de servicios sociales perteneciendo concretamente al área de Infancia y Familia. Es resultado del compromiso moral de la sociedad y los poderes públicos en general, de velar y asegurar la protección y cuidados necesarios de los menores para su bienestar y desarrollo integral. Se crea mediante un convenio de colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales a través de la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía, y los ayuntamientos de todos los municipios de la Comunidad. Todo esto queda recogido a partir de la Orden 10 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a otorgar a los municipios de más de 20.000 habitantes para la realización de PTF. Este programa se implemento a todo el territorio andaluz según lo establecido en la Orden 25 de marzo de 2003, permitiendo la creación de los equipos técnicos necesarios para el desarrollo de dicho programa en aquellos municipios menores de 20.000 habitantes.
Por lo tanto podríamos decir como bien apuntaba la exponente que se trata de un servicio social intermedio, pues los PTF a través de sus equipos han servido de nexo entre los Servicios Sociales Comunitarios y el Servicio de Protección del Menor. Esto ha favorecido una mayor comunicación entre ambos niveles, garantizando un servicio especializado dentro de la atención primaria. Es una atención de carácter psico-socioeducativo para mejorar las condiciones de vida del menor en el seno de su familia, posibilitando su desarrollo integral en dicho contexto.
En cuanto a sus objetivos, los programas de tratamiento a familias con menores persiguen una doble finalidad, evitando la separación del menor del núcleo familiar, normalizando su situación mediante un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo social que pueda afectar al bienestar de los menores, y con una clara tendencia a la reunificación familiar en aquellos casos en los que sea posible. Pero siguiendo concretamente aquellas metas planteadas por la ponente éstas son:
- Potenciar que las familias proporcionen a los menores un entorno familiar adecuado que garantice su desarrollo integral.
- Preservar la integridad de las familias evitando la separación de los menores.
- Conseguir el máximo número de casos para realizar la reunificación familiar si se ha valorado que es la mejor alternativa.
Y es que en la actualidad vivimos sumergidos en una sociedad de profundos y continuos cambios, los cuales han afectado de manera directa a la estructura o composición de la familia así como a sus funciones, siendo ésta el primer agente socializador del menor. Así pues las transformaciones producidas en el núcleo familiar interfieren en su desarrollo, siendo las más características de nuestros tiempos la presencia de separaciones o divorcios, la monomarentalidad, las familias reconstituidas, la violencia de género y una complicada situación socioeconómica fruto de la crisis por la que atraviesa el país.
De esta manera el equipo interdisciplinar de tratamiento familiar con menores debe afrontar aquellos casos en los que exista un peligro real para el menor, atendiendo especialmente aquellas circunstancias en las que esté presente algún factor o indicador de riesgo. Éstos pueden ser una discapacidad, un problema de salud mental, algún tipo de adicción siendo la más habitual el alcoholismo o drogodependencia, el absentismo escolar reiterado, la escasez de redes sociales y por lo tanto aislamiento social y familiar, el desconocimiento de las necesidades y atención de los menores o la ausencia de habilidades sociales y prácticas higiénicas adecuadas entre otros. La presencia de un mayor número de indicadores pueden dan lugar a una situación de riesgo social para el menor, por lo que hay mayor probabilidad pero no significa o quiere decir que la reunificación de varios aspectos den automáticamente como resultado un contexto perjudicial.
Quizás es precisamente en este apartado donde se encuentre la mayor importancia de la prevención, en aquellos entornos en lo que todavía no se ha desarrollado un malestar generalizado y se debe evitar que surja estableciendo los medios necesarios y adoptando las medidas pertinentes. Un hándicap que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de nuestra profesión es la orientación de estas estrategias, pues han sido enfocadas a un sector de la población poco apropiado no teniéndose a veces en cuenta a los destinatarios. Parece ser que en los últimos años se están realizando importantes avances en este aspecto pues se ha incorporado de manera notoria la presencia de los destinatarios modificando en numerosas ocasiones el enfoque de las campañas. Un ejemplo de todo esto fue comentado a lo largo de la exposición haciendo referencia a los actuales programas realizados en el Polígono Sur (Sevilla), los cuales están dirigidos a los propios menores. Nunca antes se había trabajado desde esta perspectiva, enfocar el trabajo directamente hacia los menores es un punto novedoso y muy favorable que permite que tomen conciencia desde pequeños, conozcan la información más relevante para poder gozar de un buen proceso evolutivo y sensibilicen a los mayores mediante la presión a sus familias. Por lo que ha resultado ser un indicador de cambio muy positivo.
No obstante debemos señalar que según la propia Consejería de Igualdad y Bienestar Social los Programas de Tratamiento Familiar van dirigidos y tiene como perfil de destinatarios:
- Familias desfavorecidas con menores a su cargo en situación de riesgo social.
- Familias monoparentales con hijos/as menores de 18 años a su cargo en situación de dificultad social.
- Familias en cuyo seno se han detectado graves situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo.
- Familias con menores en los que se ha adoptado una medida protectora para posibilitar su retorno.
(http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Infancia_Familia/HTML/prevencion/tratamiento.html)
Ahora bien, llegados a este punto se preguntarán ¿cómo llega una familia al PTF? o ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo?. Pues de manera formal y teórica hemos de decir que en primer lugar los Servicios Sociales Comunitarios se encargan de prevenir y orientar a nivel general, y si detectan o le llega una situación de riesgo para un menor intervienen en un primer nivel para procurar su reinserción a través de programas comunitarios o servicios más específicos de familia e infancia. Si a pesar de las medidas puestas en marcha el caso no evoluciona favorablemente incluso se ve agravado o se requiere de una atención más específica, se deriva a un segundo nivel donde se encuadrarían los Equipos de Tratamiento Familiar. No obstante, si transcurrido un período máximo de dos años en los que se ha trabajado con esa familia no se obtiene ningún resultado, ni ningún cambio notorio que sea beneficioso se ha de poner en conocimiento de dicho caso al Servicio de Protección del Menor, quien se encargara de evaluar la adopción de medidas de protección desarrollando ya un proyecto individualizado de intervención.
Debemos añadir un punto de inflexión importante destacado por la propia ponente puesto que hizo hincapié en matizar la diferenciación con la práctica real, donde toda la intervención se desarrolla de forma conjunta, estando conectados, interactuando y manteniendo relación todos los niveles sin existir una barrera fija tan delimitada que los separe. ¿Y por qué se produce este hecho?, pues como refirió la educadora social allí presente para clarificar todo el proceso y facilitar su compresión se establecen tres niveles de intervención dependiendo del grado de riesgo que presenta la situación del menor. Por lo que de esta manera los servicios sociales comunitarios atenderían un grado leve, los equipos de tratamiento familiar un grado moderado y ya el servicio de protección del menor se ocuparía o encargaría de los casos graves. Ahora bien en la práctica el problema se encuentra en la delimitación de estas situaciones, pues es muy complicado clasificar un asunto en leve, moderado o grave ya que no existe ningún manual exhaustivo que nos indique dichas coordenadas. Una vez más trabajar en el ámbito social y con personas corrobora la complejidad que envuelve a la realidad, cuestión que mantiene una estrecha relación con la distinción de situación de riesgo y desamparo trabajada a lo largo de la carrera en diversas asignaturas entre la que se incluye esta misma de Intervención ante Problemas de Desadaptación Social durante el primer cuatrimestre.
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